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Karla Mota Ulaje
Se presenta iniciativa para incorporar tarifas sociales y subsidios al transporte público por incremento al pasaje
Daniel Pérez González.- Durante la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria Pública del Ayuntamiento de Pachuca, la regidora Karla Mota Ulaje, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo con el propósito de establecer un modelo de regulación tarifaria que priorice el derecho a la movilidad y las condiciones económicas de las personas usuarias.
En su intervención, la edil recordó que semanas atrás manifestó su postura respecto al incremento de las tarifas del transporte público y sostuvo que la movilidad debe entenderse como un derecho y no únicamente como un asunto de rutas, unidades o costos.
"Los ayuntamientos tenemos la facultad de iniciar leyes ante el Congreso del Estado y la responsabilidad de ejercer esa atribución cuando identificamos que el marco jurídico puede responder mejor a las necesidades de la ciudadanía", expresó.
La propuesta plantea que las decisiones relacionadas con las tarifas del transporte público se construyan mediante la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, así como de usuarios, concesionarios, especialistas, instituciones académicas y la sociedad civil.
Mota Ulaje señaló que durante años la discusión sobre el transporte se ha centrado en cuánto cuesta prestar el servicio, dejando de lado el impacto que los aumentos tienen en la economía de las familias.
Citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales las familias mexicanas destinan alrededor de uno de cada cinco pesos de su gasto al transporte. Además, indicó que en Hidalgo cerca de 650 mil personas utilizan diariamente el transporte público para acudir a sus centros de trabajo o de estudio, de las cuales más de 379 mil son trabajadores y alrededor de 269 mil estudiantes.
La regidora destacó que esos datos ni siquiera contemplan otros desplazamientos cotidianos relacionados con el cuidado familiar, como acudir a consultas médicas, realizar trámites o comprar alimentos, por lo que consideró indispensable que las políticas públicas en materia de movilidad contemplen la realidad económica de quienes dependen diariamente del transporte.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra el fortalecimiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo para que la regulación de tarifas se realice con criterios técnicos, objetivos y transparentes, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del servicio y la accesibilidad económica para los usuarios.
Asimismo, propone la creación de un Fondo de Subsidio para la Movilidad, instrumento que permitiría implementar políticas públicas orientadas a reducir las barreras económicas que enfrentan diversos sectores de la población al utilizar el transporte público.
La iniciativa también contempla fortalecer las facultades del organismo responsable del transporte convencional para que las decisiones tarifarias no se basen únicamente en los costos de operación e inversión, sino que incorporen estudios técnicos y socioeconómicos sobre las condiciones de vida de los usuarios.
Como parte central de la propuesta, se plantea incorporar el artículo 127 Bis a la Ley de Movilidad y Transporte, mediante el cual se establecería una metodología para determinar, revisar y actualizar las tarifas del transporte público colectivo y masivo.
Dicha metodología distinguiría entre una tarifa técnica, que refleje los costos reales de operación del servicio, y una tarifa social, que considere la capacidad económica de las personas usuarias, además de permitir la aplicación de subsidios estatales cuando sean necesarios para garantizar un servicio accesible.
La reforma también propone ampliar los apoyos mediante tarifas preferenciales y exenciones de pago para personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños menores de cinco años, personas cuidadoras, así como integrantes de las corporaciones de seguridad pública y personal inspector de movilidad durante el desempeño de sus funciones.
Al concluir su mensaje, Karla Mota afirmó que legislar en materia de movilidad implica garantizar derechos y construir políticas públicas centradas en las personas.
"Legislar en materia de movilidad no significa solamente reformar una ley; significa decidir qué tan accesibles queremos que sean los derechos para la ciudadanía. Detrás de cada viaje existe una historia, una responsabilidad y una necesidad", concluyó.
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