Fecha: 2024-11-05

Vivienda, más que necesidad representa seguridad y pertenencia”: Diputada Cynthia Delgado

Vivienda, más que necesidad representa seguridad y pertenencia”: Diputada Cynthia Delgado 
 
Daniel Pérez González. -La vivienda social es un derecho humano y un derecho de la clase trabajadora; así lo dice nuestra Constitución, lo reafirma la ley internacional, y, más importante aún, lo demanda la dignidad humana. 
 
Señaló lo anterior la diputada Cynthia Citlalli Delgado Mendoza, presidenta de la comisión de cultura, durante la presentación del decreto donde se reformó y adicionó la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras.  
 
Recordando la historia, detalló que en los inicios del siglo XX, las y los trabajadores lucharon por la inclusión de la vivienda en las prestaciones laborales, un reclamo justo que, con el tiempo, se convirtió en un pilar de la dignidad de la clase trabajadora. “La vivienda no es un lujo, sino una necesidad básica, una conquista histórica que representa la seguridad, la pertenencia, y la posibilidad de construir una vida digna”. 
 
En nuestra Constitución de 1917, continuó, ya se contemplaba la obligación de los patrones de proporcionar vivienda a sus trabajadores. Sin embargo, la realidad mostró que este derecho no se cumplía de manera efectiva.  
 
En este contexto, mencionó que, en 1972, se reformó el artículo 123 para crear el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), organismo que no solo otorgaría créditos, sino que sería el motor para asegurar el acceso a la vivienda digna.  
 
Como consecuencia de la fallida política económica neoliberal, desde los años noventa, se transformó la política de vivienda nacional, y el INFONAVIT, en lugar de construir directamente viviendas, pasó a un modelo de financiamiento, dejando la construcción en manos del sector privado, medida que, si bien permitió que el instituto se enfocara en otorgar créditos, trasladó la construcción de vivienda social a la especulación y a las lógicas del mercado. Y el mercado, cuando no está regulado para el bien común, no siempre responde al interés social. 
 
La vivienda adecuada —aquella que es asequible, sustentable, y cercana a oportunidades educativas, laborales y sociales— es un factor determinante en la igualdad de oportunidades, en la reducción de la pobreza y en la cohesión social. 
 
Por ello subrayó, esta reforma propone que el INFONAVIT recupere su capacidad de construcción, permitiéndole intervenir directamente en el desarrollo de vivienda digna, en coordinación con otros actores públicos y privados. 
 
Si INFONAVIT recupera su facultad de construir vivienda no solo beneficiará a quienes buscan un hogar; también generará empleos en el sector de la construcción, dinamizará la economía local y propiciará el desarrollo de ciudades más equitativas y ordenadas.  
 
“Hoy, el 21.1% de los hogares en México tiene necesidades de vivienda insatisfechas, y 58% de las viviendas en el país requieren construcción, ampliación o mejoramiento. El déficit es cuantitativo y cualitativo: necesitamos más viviendas, y necesitamos que estas viviendas cumplan con los estándares adecuados”, apuntó. 
 
Por todo lo anterior, urge que el INFONAVIT esté en condiciones de colaborar con los sectores público, privado y social en la construcción de vivienda, asegurando que cada proyecto respete las características de una vivienda adecuada y sirva a las y los derechohabientes. 
 
En México, más del 16% de las viviendas son arrendadas, principalmente por familias de ingresos medios y por personas jóvenes que, debido a los bajos salarios y a los precios elevados de las viviendas, ven cada vez más lejana la posibilidad de adquirir un hogar propio.  
 
Es necesario que el INFONAVIT también cuente con un esquema de renta social, que permita a las y los trabajadores acceder a una vivienda sin que la renta mensual sobrepase el 30% de sus ingresos. 
 
Finalmente, la diputada Cynthia Delgado se manifestó a favor de que cualquier persona trabajadora que haya cotizado durante al menos un año tenga el derecho a una vivienda en arrendamiento, con la opción de adquirirla después de diez años de renta puntual. Y que los esquemas de acceso se realicen de manera transparente, sin criterios discrecionales, en beneficio exclusivo de las personas trabajadoras.