Cynthia Delgado Mendoza
“La movilidad indígena, problema que no ha sido solucionado de forma eficiente”
Daniel Pérez González. -La movilidad es un derecho humano y un instrumento de igualdad. Sin embargo, en nuestro estado, cientos de comunidades indígenas han vivido desconectadas las unas a las otras, atrapadas, en algunos casos, en un aislamiento que perpetúa desigualdades históricas.
Estas comunidades enfrentan condiciones que limitan su acceso a la educación, la salud, el trabajo y los mercados. En muchos casos, sus caminos hacia la cabecera municipal son largos y difíciles, y las opciones de transporte, cuando existen, son precarias, costosas y, con frecuencia, ineficientes.
Señaló lo anterior la diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza, quien presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, en materia de movilidad indígena.
Explicó que el bienestar no puede ser uniforme si se construye desde la indiferencia hacia las realidades de las comunidades. “esta iniciativa busca atender un problema que, durante décadas, no ha sido solucionado de manera eficiente. Me refiero a la falta de un transporte púbico que a su vez sea digno, accesible y eficiente para las comunidades indígenas”.
En julio de 2018, se publicó la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, que incorpora el transporte comunal indígena como una categoría específica para atender las necesidades de movilidad en comunidades indígenas rurales con condiciones especiales de acceso. Esta modalidad incluye transporte colectivo e individual, con características técnicas específicas, y las concesiones solo se otorgan a residentes de las comunidades beneficiadas, asegurando que el servicio sea local y ajustado a las condiciones socioeconómicas y geográficas de estas zonas.
Ante el contexto expuesto, la legisladora Delgado Mendoza, dijo que su propuesta reformaría y fortalecería la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, integrando un artículo 25 Ter que establece que dentro de las responsabilidades de los ayuntamientos, con población indígena reconocida, se identifiquen las necesidades de movilidad de sus respectivas comunidades.
Lo anterior servirá para diseñar rutas y servicios de transporte comunal indígena que respondan a las particularidades de cada región, desde sus características geográficas hasta sus dinámicas sociales y económicas.
Así mismo se promoverá la participación activa de las comunidades en la gestión de su propio transporte. “Esto no es solo una cuestión operativa, sino un acto de soberanía y reconocimiento”.
“Al empoderar a las comunidades para gestionar sus sistemas de transporte, fortalecemos el tejido social y fomentamos modelos de economía local que beneficien directamente a las personas usuarias”, apuntó.
La reforma a la Ley de Movilidad, dijo la diputada, establece la obligación de los ayuntamientos de gestionar recursos ante instancias estatales y federales, garantizando que la operación del transporte comunal indígena no dependa únicamente de las y los habitantes que obtengan una concesión, de conformidad con la Ley de Movilidad.
“Ayudar, desde los Ayuntamientos, a la gestión de un transporte comunal indígena es reconocer que nuestras comunidades originarias tienen el mismo derecho a acceder a la salud, la educación, el trabajo y el desarrollo que cualquier otra persona en nuestro estado”, finalizó.