El trabajo es un derecho no un privilegio: Citlalli Delgado
Daniel Pérez González.- No hay justicia sin igualdad, y que no hay verdadera democracia si las mujeres seguimos enfrentando obstáculos estructurales para ejercer plenamente nuestros derechos.
Señaló lo anterior la diputada Cynthia Citlalli Delgado Mendoza, por lo cual presentó al pleno, una iniciativa que reforma y reconoce la desigualdad que enfrentamos las mujeres no es casual ni aislada, sino estructural y sistemática, producto de siglos de opresión y exclusión, y que, por tanto, exige respuestas de fondo.
Para lograrlo, dijo que se debe reformar el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para erradicar la brecha salarial por razones de género y elevar el derecho humano al trabajo, al más alto nivel de protección jurídica en nuestra entidad.
La igualdad formal ha demostrado ser insuficiente, por ello propuso que el Estado tutele el derecho humano al trabajo, lo cual significa que el gobierno tiene la responsabilidad activa de promover condiciones que garanticen el acceso real y efectivo a él, en especial para quienes han sido históricamente marginadas: las mujeres, las madres solas, las indígenas, las mujeres rurales, las trabajadoras del hogar.
Y, por otro lado, establece un mandato claro: a trabajo igual, salario igual, sin importar sexo, género o nacionalidad.
La congresista enfatizó que con esta reforma se da cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución General para establecer la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, el derecho a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial.
Los datos no mienten: las mujeres ganamos en promedio un 35% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Muchas más están condenadas a la informalidad, sin seguridad social, sin derechos laborales, sin estabilidad económica.
La precariedad laboral se multiplica cuando se combina con el trabajo no remunerado que, día tras día, se realiza en el hogar. Esta doble o triple jornada no solo erosiona nuestros ingresos, sino también las propias oportunidades de desarrollo, salud y participación política.
Y subrayó, “la desigualdad salarial es una forma de violencia económica. Es también una deuda pendiente del Estado con nosotras las mujeres”.
De ser aprobada la iniciativa, comentó que se colocará al trabajo como un derecho, no como un privilegio; porque reconoce al salario justo como un imperativo ético; y porque pone en el centro una verdad irrefutable: sin justicia para las mujeres trabajadoras, no hay justicia social.
“Con esta reforma, ampliamos el alcance a toda la clase trabajadora del estado, visibilizando que la discriminación salarial por razones de género ocurre en el sector público y también en el privado”, finalizó.