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La responsabilidad ambiental, no sólo es jurídica, es moral, ética, política y social: Dip, Cynthia Delgado
Daniel Pérez González.- En el marco de una profunda crisis climática que golpea con fuerza a nuestros territorios y comunidades, resulta indispensable que el poder legislativo asuma su responsabilidad histórica con la defensa del medio ambiente.
Así inició su exposición de motivos la diputada, quien presentó la iniciativa de ley para la protección del Medio ambiente, en materia Alteración del Ciclo Hidrológico.
Esta problemática y responsabilidad ambiental, expuso, no es solo jurídica, sino también moral, ética, política y social, por lo que considera que las leyes no pueden continuar siendo neutrales ante el deterioro climático
“Hoy más que nunca, requerimos un marco normativo que reconozca los límites ecológicos del planeta y que sancione a quienes lucran con la alteración de los ciclos naturales. Esta iniciativa surge de la urgencia de legislar para proteger la vida”, apuntó.
Detalló que la alteración del ciclo hidrológico natural, la urbanización, la deforestación, así como el uso de tecnologías orientadas a modificar el clima, como los llamados cañones antigranizo o dispositivos aéreos que, mediante la detonación de partículas o explosiones sónicas, pretenden inhibir la formación de lluvia o granizo.
Estas prácticas sin un sustento científico todavía aceptado, impulsadas principalmente por sectores empresariales con fines de lucro agrícola o comercial.
Lo expuesto anteriormente ha generado preocupación y rechazo por parte de las comunidades rurales e indígenas, quienes observan, en su cotidianidad, cómo después del uso de estas tecnologías se alteran los ciclos de lluvias, disminuyen las precipitaciones, se afectan los cultivos de autoconsumo y se pone en riesgo la soberanía alimentaria. “Es decir, estamos ante una posible forma de violencia ambiental que atenta contra el derecho humano, al agua, al territorio y a un ambiente sano”.
Ante lo expuesto, la congresista propone que de ser aprobada su iniciativa se establecería un marco regulatorio robusto para las prácticas que implican los intentos de modificación del clima o la alteración del ciclo hidrológico, reconociendo la potencialidad de estas actividades para generar impactos ambientales negativos de gran alcance. En este sentido, se propone una adicción fundamental al artículo 37 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.
Esta modificación tiene como objetivo incorporar de manera explícita un estudio de impacto ambiental previo al uso de tecnologías destinadas a influir en las condiciones atmosféricas o en los procesos naturales del agua como una actividad intrínsecamente susceptible de causar daños al entorno.
Desde el punto de vista presupuestal, explicó que esta iniciativa no representa una carga adicional para las finanzas públicas del estado. Por el contrario, fortalece el marco regulatorio ambiental con los recursos e instrumentos ya existentes.
Así mismo no se requiere la creación de nuevas estructuras burocráticas, ni se plantea la modificación de programas presupuestarios vigentes, lo que asegura la viabilidad operativa de la reforma sin necesidad de erogaciones extraordinarias.
La reforma a la Ley del Medio Ambiente, señaló finalmente, podría generar ingresos al erario estatal, ya que la solicitud y tramitación de autorizaciones ambientales implica el cobro de derechos o contribuciones, conforme a la legislación fiscal local. Al establecer la obligación de obtener dictámenes de impacto ambiental para prácticas que pretenden alterar el clima —como los cañones antigranizo—, se fortalece el papel rector del Estado en materia ecológica y se abren mecanismos para mejorar la recaudación por servicios ambientales, sin que ello represente una afectación presupuestal negativa.
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