Consulta indígena abre presión presupuestal en el Congreso
Consulta indígena abre presión presupuestal en el Congreso
Daniel Pérez González.- El Congreso de Hidalgo busca evitar que la consulta indígena tenga que realizarse nuevamente en su totalidad, proceso que representaría un gasto de 10 millones de pesos, por lo cual Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, informó que buscarán reunirse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar la posibilidad de reponer únicamente las etapas que presentaron inconsistencias.
Reconoció que el costo representa una presión para las finanzas del Poder Legislativo, particularmente porque las consultas anteriores implicaron inversiones millonarias sin que el procedimiento lograra concluirse de manera satisfactoria.
Por ello, adelantó que no quieren repetir un ejercicio completo si existe la posibilidad jurídica de aprovechar los trabajos ya realizados y corregir solamente los aspectos que fueron observados.
“Vamos a buscar reunirnos con la Suprema Corte para ver la posibilidad de que no la tengamos que hacer en su totalidad, sino solo en aquellos puntos que faltaron o donde no hubo consistencia”, explicó.
La propuesta representa una alternativa para evitar un tercer desembolso de recursos públicos en un procedimiento que, aunque es una obligación legal, todavía enfrenta pendientes para su cumplimiento.
El objetivo es determinar si existe disponibilidad presupuestal para ejercer los recursos durante lo que resta de 2026 o si será necesario incorporarlos al presupuesto del próximo año.
El presidente de la Junta de Gobierno reconoció que, debido a que el ejercicio fiscal está prácticamente por concluir, no existe certeza de que el dinero pueda liberarse a tiempo.
Estimó que podrían tener una respuesta de Hacienda durante la segunda quincena de noviembre, lo que permitiría definir si el Congreso está en condiciones de avanzar este mismo año.
Sin embargo, advirtió que no pretende apresurar el procedimiento únicamente para cumplir con los tiempos presupuestales, pues una consulta realizada de manera precipitada podría generar problemas en las comunidades indígenas.
“Tenemos la obligación de hacerla y, obviamente, buscaremos las mejores condiciones”, sostuvo.
El legislador señaló que el Congreso debe considerar tanto la disponibilidad económica como los plazos que establezca la Suprema Corte, pues cualquier decisión tendrá que garantizar que el proceso cumpla con los requisitos legales y respete los derechos de los pueblos originarios.
Uno de los argumentos centrales para buscar una salida distinta es el antecedente económico de los ejercicios anteriores.
Andrés Velázquez recordó que la consulta realizada durante la legislatura pasada implicó un gasto superior a 12 millones de pesos. A esa inversión se suman los recursos destinados a otros intentos que tampoco permitieron resolver de manera definitiva las inconsistencias del procedimiento.
Por ello, consideró complicado que el Congreso tenga que destinar nuevamente una cantidad considerable para repetir actividades que, desde su perspectiva, ya fueron desarrolladas y podrían aprovecharse.
El diputado aclaró que no se trata de restar importancia a la consulta indígena ni de evadir la responsabilidad legislativa, sino de evitar que el dinero público se utilice nuevamente en trabajos que podrían resultar repetitivos.
“Ya se hizo un primer gasto, un segundo gasto y un tercero sería un poco complicado, sobre todo por la economía que existe en nuestro estado”, expresó.
De acuerdo con el legislador, los recursos contemplados para el nuevo ejercicio cubrirían principalmente traslados, viáticos y gastos operativos de investigadores y personal encargado de recorrer las distintas regiones de Hidalgo.
En otro tema, el presidente de la Junta de Gobierno se refirió a la solicitud de ampliación presupuestal que habría planteado el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), cuya consejera presidenta manifestó confianza en que el Congreso respaldaría los recursos adicionales requeridos.
Al respecto, Velázquez Vázquez aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido una petición formal que le permitiera conocer los detalles y emitir una postura sobre la cantidad solicitada, que asciende a seis millones de pesos.
Afirmó que existe disposición para dialogar y revisar las necesidades del organismo electoral, aunque dejó claro que cualquier apoyo deberá analizarse bajo criterios de responsabilidad financiera.
El legislador sostuvo que no se trata de negar recursos por principio, pues reconoció que las instituciones necesitan presupuesto para cumplir sus funciones.
Sin embargo, insistió en que el Congreso tiene la obligación de vigilar el uso del dinero público y determinar si las ampliaciones presupuestales están justificadas.
“Más que pensar en limitarlo o retirarle recursos, hay que ver cómo lo apoyamos”, expresó.
Así, mientras el Congreso busca resolver el pendiente de la consulta indígena sin repetir un gasto millonario, también tendrá que evaluar nuevas solicitudes presupuestales de organismos públicos, en un cierre de año marcado por la presión sobre los recursos disponibles.
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Daniel Pérez González.- El Congreso de Hidalgo busca evitar que la consulta indígena tenga que realizarse nuevamente en su totalidad, proceso que representaría un gasto de 10 millones de pesos, por lo cual Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, informó que buscarán reunirse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar la posibilidad de reponer únicamente las etapas que presentaron inconsistencias.
Reconoció que el costo representa una presión para las finanzas del Poder Legislativo, particularmente porque las consultas anteriores implicaron inversiones millonarias sin que el procedimiento lograra concluirse de manera satisfactoria.
Por ello, adelantó que no quieren repetir un ejercicio completo si existe la posibilidad jurídica de aprovechar los trabajos ya realizados y corregir solamente los aspectos que fueron observados.
“Vamos a buscar reunirnos con la Suprema Corte para ver la posibilidad de que no la tengamos que hacer en su totalidad, sino solo en aquellos puntos que faltaron o donde no hubo consistencia”, explicó.
La propuesta representa una alternativa para evitar un tercer desembolso de recursos públicos en un procedimiento que, aunque es una obligación legal, todavía enfrenta pendientes para su cumplimiento.
El objetivo es determinar si existe disponibilidad presupuestal para ejercer los recursos durante lo que resta de 2026 o si será necesario incorporarlos al presupuesto del próximo año.
El presidente de la Junta de Gobierno reconoció que, debido a que el ejercicio fiscal está prácticamente por concluir, no existe certeza de que el dinero pueda liberarse a tiempo.
Estimó que podrían tener una respuesta de Hacienda durante la segunda quincena de noviembre, lo que permitiría definir si el Congreso está en condiciones de avanzar este mismo año.
Sin embargo, advirtió que no pretende apresurar el procedimiento únicamente para cumplir con los tiempos presupuestales, pues una consulta realizada de manera precipitada podría generar problemas en las comunidades indígenas.
“Tenemos la obligación de hacerla y, obviamente, buscaremos las mejores condiciones”, sostuvo.
El legislador señaló que el Congreso debe considerar tanto la disponibilidad económica como los plazos que establezca la Suprema Corte, pues cualquier decisión tendrá que garantizar que el proceso cumpla con los requisitos legales y respete los derechos de los pueblos originarios.
Uno de los argumentos centrales para buscar una salida distinta es el antecedente económico de los ejercicios anteriores.
Andrés Velázquez recordó que la consulta realizada durante la legislatura pasada implicó un gasto superior a 12 millones de pesos. A esa inversión se suman los recursos destinados a otros intentos que tampoco permitieron resolver de manera definitiva las inconsistencias del procedimiento.
Por ello, consideró complicado que el Congreso tenga que destinar nuevamente una cantidad considerable para repetir actividades que, desde su perspectiva, ya fueron desarrolladas y podrían aprovecharse.
El diputado aclaró que no se trata de restar importancia a la consulta indígena ni de evadir la responsabilidad legislativa, sino de evitar que el dinero público se utilice nuevamente en trabajos que podrían resultar repetitivos.
“Ya se hizo un primer gasto, un segundo gasto y un tercero sería un poco complicado, sobre todo por la economía que existe en nuestro estado”, expresó.
De acuerdo con el legislador, los recursos contemplados para el nuevo ejercicio cubrirían principalmente traslados, viáticos y gastos operativos de investigadores y personal encargado de recorrer las distintas regiones de Hidalgo.
En otro tema, el presidente de la Junta de Gobierno se refirió a la solicitud de ampliación presupuestal que habría planteado el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), cuya consejera presidenta manifestó confianza en que el Congreso respaldaría los recursos adicionales requeridos.
Al respecto, Velázquez Vázquez aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no había recibido una petición formal que le permitiera conocer los detalles y emitir una postura sobre la cantidad solicitada, que asciende a seis millones de pesos.
Afirmó que existe disposición para dialogar y revisar las necesidades del organismo electoral, aunque dejó claro que cualquier apoyo deberá analizarse bajo criterios de responsabilidad financiera.
El legislador sostuvo que no se trata de negar recursos por principio, pues reconoció que las instituciones necesitan presupuesto para cumplir sus funciones.
Sin embargo, insistió en que el Congreso tiene la obligación de vigilar el uso del dinero público y determinar si las ampliaciones presupuestales están justificadas.
“Más que pensar en limitarlo o retirarle recursos, hay que ver cómo lo apoyamos”, expresó.
Así, mientras el Congreso busca resolver el pendiente de la consulta indígena sin repetir un gasto millonario, también tendrá que evaluar nuevas solicitudes presupuestales de organismos públicos, en un cierre de año marcado por la presión sobre los recursos disponibles.
